El ex parlamentario por el estado Lara, Pedro Pablo Alcántara, afirma que como resultado de la elección presidencial del 28J el oficialismo decidió aplicar "el garrote judicial" como su último recurso para someter a los adversarios políticos del régimen.
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| Pedro Pablo Alcántara. |
El profesor Alcántara analiza la situación actual del despojo de la alcaldía del municipio Torres como resultado de la victoria inobjetable del embajador Edmundo González Urrutia el 28J.
Expresa que el triunfo de la unidad democrática nacional desató la frustración madurista y el abandono de las formalidades jurídicas para inaplicar la constitución y asumir contra el pueblo venezolano, el llamado " derecho penal del enemigo".
El domingo 28 de julio del año en curso y hasta la hora de cierre del proceso electoral, no hubo incidentes mayores hasta que elementos aislados del " Plan República " arrebataron cajas con comprobantes de votación o despojaron de actas a testigos, cuando las maquinas imprimieron los resultados por mesa.
Aislados como ocurrieron, no afectan los resultados finales del escrutinio, pero alertaron al país y al mundo de una nueva oleada de odio inducido. La conducta de los testigos del Psuv ante los resultados en los municipios y estados del país, que plasmaba el ansiado cambio del timonel al frente de la presidencia de la república, fue recibido con respeto y sin incidentes en ninguna jurisdicción de la Nación.
El jubilo popular fue contenido, hasta que el anuncio oficial del presidente del CNE, quien desconoció previamente las normas internas del organismo comicial, generó el terrorífico grito de fraude.
A partir de allí se desató el aquelarre: atropellos físicos a manifestantes pacíficos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ciudadanos muertos o heridos, allanamientos sin orden judicial , atropellos y arrebatones de móviles, robos por parte de uniformados, en vez de ordenado restablecimiento de la convivencia, detenciones de menores de edad y para colmo, el Ministerio Publico en plan de órgano auxiliar del ejecutivo, y abandonando su misión constitucional de cumplimiento y respeto a sus derechos humanos y garantías legales para los ciudadanos.
Ante la condena internacional por las evidentes acciones espurias, que fueron extensivas a observadores electorales, expresidentes de paises hermanos, y delegaciones parlamentarias y de exparlamentarios la reaccion de las autoridades judiciales fue alinearse con el poder constituido.
Quedaron derogados de facto, las medidas de presunción de inocencia, juicio justo, derecho a la defensa por abogado de confianza y orden previa para allanamiento de morada, así como abuso de autoridad, producir daños físicos a terceros.
Ello ejemplifica la inobservancia por parte de jueces venales del articulo 334 constitucional: " Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución".
El uso de un Tribunal contencioso administrativo para solicitar un Amparo que impida el ejercicio en una atribución contemplada en el articulo 287 de la Ley Orgánica del Poder Municipal, al Alcalde Javier Oropeza, Alcalde del Municipio Bolivariano General de División Pedro Leon Torres y de una vez designar a la concejala presidente del Concejo como encargada de la Alcaldía, es un evidente abuso de autoridad.
Y solamente parece obedecer a los mandatos político partidistas del PSUV que fue derrotado en toda la linea el 28 de julio en la jurisdicción municipal y que toda la población repudia.
Ese premio de consolación para los perdidosos evidencia la conducta panfletaria tipo Jalisco, " que cuando pierden arrebatan", cita Pedro Pablo Alcántara.
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