La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), ha instado al Estado venezolano a reformar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
El objetivo de la nueva legislación, garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
Esta recomendación surge tras la evaluación del cumplimiento de Venezuela con la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por el país en 1967.
Desde su sanción en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, la Ley contra el Odio ha sido objeto de críticas por su aplicación, que ha resultado en censura, autocensura, detenciones arbitrarias y procesamiento judicial de al menos 153 personas, según datos de la organización Foro Penal.
Entre los afectados se encuentran 12 trabajadores de la prensa y 6 medios de comunicación, quienes han sido víctimas de acciones legales o amenazas y hechos de intimidación.
IPYS Venezuela, en colaboración con otras organizaciones no gubernamentales, suscribió un informe alternativo al CERD.
En este documento, se recomienda al Estado venezolano cesar de forma inmediata todos los actos de criminalización, intimidación, hostigamiento, amenaza y persecución en contra de la sociedad civil, lo que incluye a defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes y lideresas de comunidades indígenas y otros grupos vulnerables.
Además, se pide asegurar la investigación y sanción de los perpetradores de estos actos.
En su informe ante el CERD, el Estado venezolano había argumentado que la Ley contra el Odio, sancionada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, constituía una de las “medidas inmediatas y positivas destinadas a erradicar la difusión de ideas basadas en la superioridad, el odio, la discriminación racial, así como todo acto de violencia”, en correspondencia con lo establecido en el artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
En 2020, a tres años de la entrada en vigencia de la Ley contra el Odio, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) publicó un reporte especial en el cual se advierte que “su aplicación ha dado como resultado la imposición de la censura, la autocensura, la detención arbitraria y el procesamiento judicial de al menos 55 civiles, de acuerdo con datos de la organización Foro Penal.
Ello se suma a las 98 personas que han sido procesadas por el Código Penal Venezolano bajo el delito de instigación al odio, y que eleva a 153 los ciudadanos que han sido imputados por delitos de odio, luego de estar detenidos, desde 2018”.
https://ipysvenezuela.com/2024/09/03/onu-exhorta-a-reformar-la-ley-contra-el-odio-para-que-no-vulnere-la-libertad-de-expresion/
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